El problema radiactivo de los fosfoyesos de Huelva, una historia interminable

Unos 100 millones de toneladas de residuos tóxicos, acumulados durante 42 años, que ocupan 1.200 hectáreas –y contienen elementos radiactivos– a escasos 500 metros de las primeras viviendas de Huelva, son un problema que lleva años estancado, sin una solución definitiva, aceptada por todos, y que va camino de convertirse en la historia interminable. Una parte de las balsas "se encuentran apoyadas directamente sobre suelo desnudo de marisma, sin ningún tipo de aislamiento, existiendo salidas de aguas ácidas que descargan directamente en el entorno", según se lee en el estudio técnico más completo elaborado hasta ahora, de la Universidad de Huelva, en el que han participado numerosos expertos y que se puede consultar aquí. 

En 1968, en pleno desarrollismo franquista, comenzaron a fabricarse a las afueras de Huelva fertilizantes químicos, y los residuos generados por el ácido fosfórico comenzaron a acumularse en la margen derecha del Río Tinto. Los fosfoyesos se componen principalmente de yeso (95%) suplementado por una fracción residual de ácidos libres: fosfórico y, en menor medida, sulfúrico y fluorhídrico. Las balsas contienen además otros residuos industriales: fosfoyesos negros, cenizas de tostación de pirita, yesos rojos, y material residual contaminado con el isótopo radiactivo Cesio-137. La Audiencia Nacional acordó el cese definitivo de estos vertidos, que ha generado un problema medioambiental enorme, el 31 de diciembre de 2010.

El asunto es un tema de conversación ineludible y recurrente en la ciudad, ha generado amplias y profundas polémicas al cabo de los años, y es uno de los factores que aupó al Ayuntamiento a un partido autóctono –la Mesa de la Ría– y una vez más sobrevuela el debate público en Huelva a las puertas de las próximas elecciones municipales.

Fertiberia es la empresa que recibió del Gobierno los permisos para gestionar los depósitos, a la que se le retiraron por diferentes incumplimientos de las reglas medioambientales. Tras la condena de la Audiencia Nacional –que lleva años sin ejecutar para exasperación de los propios magistrados– debe regenerar los terrenos. Su proyecto es rechazado por los ecologistas y cuestionado por los expertos, pero está avalado por las autoridades: está a falta tan solo de recibir la Autorización Ambiental Integrada, que concede la Junta de Andalucía, después de que el Consejo de Seguridad Nuclear, el Gobierno de España –que le concedió una Declaración de Impacto Ambiental favorable– y el Ayuntamiento se mostraran de acuerdo.

El plan, llamado Restore 20/30, consiste en ocuparse del terreno en dos fases: un periodo estimado de diez años para el encapsulado de los fosfoyesos y recuperar la vegetación de la zona, a los que seguirían otros 30 años de seguimiento y control. La inversión total sería de 65 millones de euros. Así lo recoge la empresa en su web: "[La idea es el encapsulamiento total de los [residuos], con el fin de evitar cualquier contacto con el exterior, y la restauración y revegetación de los terrenos para integrarlos en la marisma onubense, una vez drenada el agua interna y el agua infiltrada por las lluvias, lo que convertirá este espacio en uno de los pulmones de Huelva". Es decir, la solución de la empresa consiste básicamente en enterrar los residuos.

Cierre en falso

Este plan, aunque para las autoridades y para la compañía pueda implicar la clausura del asunto, podría perfectamente suponer un cierre en falso. Al menos, eso es lo que recoge el estudio de la Universidad de Huelva: "El proyecto constituye una mejora sustancial respecto de la situación actual, pero en ningún caso puede ser aceptada como una solución definitiva para la restauración y recuperación de la Marisma. [..] Sí que puede ser considerado como una intervención de urgencia para minimizar los riesgos asociados a los residuos apilados en las balsas de fosfoyeso".

Esto es lo que también denuncia Ecologistas en Acción. "Fertiberia con el tiempo desaparecerá de Huelva. Ya tienen una filial de Marruecos. El proceso de producción de fosfoyesos lo hacen en Marruecos", afirma a Público Paco García, de Ecologistas. "Pedimos que haya un grupo de expertos que busque una solución definitiva de descontaminación y de limpieza de la marisma. Sacar el yeso y buscar alguna utilidad", añade.

El estudio de los expertos recomienda, en resumen, como el título de la película de José Luis Garci, volver a empezar: "Se debe iniciar un proceso para búsqueda de propuestas de restauración y recuperación de las Marismas afectadas por las balsas de fosfoyesos que cumplan con la legislación vigente y reduzcan al máximo posible el impacto sobre el medio ambiente, garantizando la seguridad de la población a largo plazo".

"Los problemas –resume García, de Ecologistas en Acción– serían de estabilidad y de hundimiento de la balsa. Esos son los principales problemas en una zona de riesgo sísmico. Aparecen arsénico y zinc en las analíticas que se han hecho: [se produce] la dispersión del los contaminantes, una zona de mucha difusión de esos contaminantes. Hay difusión que va a continuar. No se va a eliminar totalmente. La va a haber por la acción por la marea".

El estudio lo explica así: "Las balsas de fosfoyesos actúan como un acuífero, dónde las aguas que recargan el sistema proceden de las precipitaciones y del estuario a través de canales secundarios mareales y formaciones deltaicas de fosfoyesos. Estas aguas se infiltran en los depósitos de fosfoyesos y a medida que circulan por ellos van adquiriendo condiciones ácidas y se van cargando con elevadísimas concentraciones de contaminantes potencialmente tóxicos. El exceso de agua sale por los bordes de la balsa generando salidas de borde que descargan la contaminación a la Ría de Huelva".

Sobre la radiactividad, los expertos aseguran: "En el estado actual, la máxima afección radiológica sobre los trabajadores de las balsas de fosfoyeso (grupo crítico, considerando toda su jornada laboral en las balsas), no sobrepasa 0.4 milisievert al año, siendo el máximo establecido por el Consejo de Seguridad Nuclear para el público 1 milisievert al año".

Los fosfoyesos han generado interminables conversaciones en Huelva sobre si eran la causa de los problemas respiratorios de la población o habían generado más casos de cáncer. La Universidad de Huelva no tiene una respuesta para esos debates, imbricados en la ciudad: "Con la información disponible hasta la fecha ni se pueden confirmar, ni se pueden descartar aumentos de enfermedades causados por los contaminantes peligrosos presentes en las balsas".

Adecuarse a los estudios

En 1998, Fertiberia recibió del Gobierno la concesión para gestionar los depósitos en esa finca y cinco años después, en 2003, el Ejecutivo decidió retirársela debido a diversos incumplimientos, como la superación de los espesores máximos de yeso y la utilización inadecuada de una de las balsas. La empresa acudió a la justicia y la Audiencia Nacional falló en el año 2007 que el Gobierno tenía razón, en una sentencia hoy firme tras haber quedado desestimados los recursos de Fertiberia.

Dos años después, en 2009, la Audiencia Nacional, en un auto en el que ordenaba ejecutar su sentencia, acordó la prohibición de apertura de nuevas balsas de vertidos y el cese definitivo de los vertidos para el 31 de diciembre de 2010, además del inicio "inmediato" por Fertiberia de la regeneración ambiental de los terrenos.

La Audiencia especificaba que el proyecto debía "adecuarse a los estudios científicos" y además ordenaba a Fertiberia la constitución de un aval multimillonario que garantizase la ejecución de las obras necesarias para recuperar los terrenos y que la factura no la tuviese que pagar el Estado, como sucedió en el caso de la ruptura de los lodos tóxicos de Aznalcóllar, hace 22 años, un caso del que Boliden, la empresa responsable, se ha ido, de momento, de rositas.

A partir de ese momento, se inicia un devenir judicial y administrativo que, después de más de un decenio, no ha solucionado el asunto y que se ha convertido en un auténtico vodevil en el que, poco a poco, la propia Audiencia Nacional ha ido empujando a la empresa y al Gobierno a ejecutar un plan, que Fertiberia presentó finalmente en 2014.