Las empresas pagan gran parte de la tasa base de cotización del trabajador.
Adiós a pagar en negro en España: hasta 187.000 euros de multa de la Seguridad Social si incumples esta ley
El abanico de sanciones para las empresas va desde multas económicas hasta penas de prisión en los casos más extremos.
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La economía sumergida se define como todas las actividades económicas que quedan fuera del control del Estado. Es decir, ni se registran ante las autoridades fiscales ni se declaran ante la Seguridad Social.
La tasa impositiva a la que tienen que enfrentarse los empresarios puede resultar asfixiante, sobre todo desde que el Gobierno incrementase el Impuesto de Sociedades hasta un mínimo del 15%. Asimismo, la empresa tiene que pagar una parte significativa de la cotización a la Seguridad Social (SS) por cada nómina de sus trabajadores.
Sin embargo, que el nivel impositivo sea elevado no justifica las tácticas de ingeniería financiera para eludir impuestos. Es más, fijar una cotización salarial inferior al salario real del empleado se podría considerar un fraude fiscal que puede tener consecuencias severas para el empleador.
Sanción económica
En los casos graves, si la compañía paga en negro la totalidad o una parte del salario, las multas pueden ser de entre el 100% y el 150% de las cuotas no ingresadas. Si, por ejemplo, no se ingresaron 10.000 euros de cuota en la Seguridad Social, las multas oscilarían entre los 10.000 y los 15.000 euros.
Además, en el caso de que la empresa no dé de alta al trabajador, la sanción incluye la obligación de devolver las cotizaciones que no se hayan abonado a la Seguridad Social, según el artículo 40 del Real Decreto la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
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En el ejemplo anterior, 10.000 euros no ingresados en la SS, el total a desembolsar por la empresa podría superar los 25.000 euros. Con el añadido de incluir el recargo por la falta de pago como el interés de demora por el tiempo transcurrido sin cotizar.
En cambio, la situación empeora considerablemente para la compañía si la sociedad trata de defraudar intencionadamente, explica la guía laboral del Ministerio de Trabajo. En este sentido, las sanciones se elevan a categoría de infracción muy grave, lo que conlleva multas que oscilan entre los 10.001 y 187.515 euros (dependiendo del número de personas afectadas y la gravedad del fraude).
Consecuencias a largo plazo
Además, los efectos del fraude se pueden extender a lo largo del tiempo, con mayores dificultades para acceder a ayudas, subvenciones y beneficios fiscales que habitualmente tienen garantizado si contratan a becarios o a personas con alguna discapacidad, ya sea física o mental.
Otra consecuencia grave para la compañía es que el empleado afectado denuncie a la empresa ante el SEPE y este imponga sanciones a la empresa por fraude laboral. Por ejemplo, una sanción que compense los daños y perjuicios provocados en el trabajador e incluso el pago de una indemnización por despido improcedente.
¿Afecta a mis derechos trabajar en negro?
Trabajar sin contrato, efectivamente, elude el pago de impuestos, en concreto del IRPF que reclama Hacienda a todos los asalariados. No obstante, acarrea consecuencias importantes para el trabajador.
El empleado pierde la cobertura sanitaria que le garantizaría el derecho a baja laboral en el caso de lesionarse o enfermarse. Además, a nivel económico, si el trabajador está dado de alta, no cotiza y, por tanto, no acumula años trabajados para la jubilación.
